Que los tribunales decidan

Fuente: El Universal




No tengo la menor idea sobre la responsabilidad de Ricardo Anaya en el
delito de lavado de dinero. De hecho nadie la puede tener, aunque
hayamos visto recientes análisis y comentarios de todo tipo, según los
cuales se habrían configurado una serie de conductas delictivas por
parte del candidato presidencial.

Desde luego que cada quien es muy libre de opinar sobre cualquier tema
de relevancia pública, pero también lo es tener claro un principio
esencial de todo Estado de derecho: la presunción de inocencia.

Que se sepa: nadie ha acusado formalmente a Anaya ante un juez; tampoco
se le ha dado la oportunidad de declarar o de aportar ante una autoridad
judicial las pruebas que justifiquen todas las dudas que pudieran
tenerse sobre su patrimonio. Muchos menos existe una sentencia que lo
declare culpable ni ha interpuesto contra ella recursos procesales de
defensa. Es decir, jurídicamente no ha pasado nada ni hay elementos que
acrediten su responsabilidad penal. Por lo tanto, hasta el día de hoy,
es absolutamente inocente.

Todo el revuelo mediático es reflejo de una pésima costumbre de la
justicia mexicana: la filtración de informaciones que forman o deben
formar parte de una carpeta de investigación que tiene a su cargo la
Procuraduría.

Todo lo que se vaya integrando en una investigación penal abierta debe
ser considerado confidencial con el fin de asegurar el éxito del trabajo
de las propias procuradurías, pero también para respetar la presunción
de inocencia de alguien, ya que no porque se presente una denuncia
significa que hay elementos suficientes para abrir un proceso judicial
en su contra.

Las que sí deben ser públicas son las actuaciones judiciales. La
justicia se tiene que impartir de cara al público. Sería inconcebible
defender que los tribunales actúen sin que nos podamos enterar de las
pruebas que se presentan, los alegatos que se formulan y las decisiones
que se emiten en las salas de audiencia. Necesitamos “ver” la justicia
como requisito indispensable para poder confiar en ella.

Por eso lo mejor que puede pasar en el caso de Anaya es que se lleve su
carpeta de investigación ante un juez y que sea la autoridad judicial la
que diga si hay elementos suficientes para vincularlo a proceso. Si eso
no sucede, harían bien todos los actores políticos, y desde luego los
analistas, en respetar la presunción de inocencia de Anaya. Entrar en
dimes y diretes sobre una presunta responsabilidad penal, en ausencia de
una acusación formal y en plena campaña electoral, no puede dar ningún
buen resultado.

Me parece que en el caso Anaya se ponen a prueba las convicciones
democráticas de sus rivales: su compromiso con una imparcial y objetiva
investigación por parte de la PGR, su adhesión a las reglas básicas del
debido proceso legal y el respeto a la independencia de los jueces, si
es que en el futuro el caso llega a alguna institución judicial.

La discusión actual sobre el desempeño de la PGR y su falta de
imparcialidad se debe a una negligencia más de nuestros legisladores.
Desde el 2014 fue aprobada la reforma constitucional para dotar de
autonomía frente al Poder Ejecutivo Federal a la Fiscalía. Para que esa
nueva institución exista, el Congreso de la Unión debe expedir su Ley
Orgánica, con la cual cobrará vida. Esa tarea, tan elemental y
relevante, no la han podido hacer nuestros “representantes populares”.
Ahí está el origen de todo: Si el órgano encargado de investigar a Anaya
estuviera ajeno a presiones políticas o si su titular no tuviera como
jefe al Presidente de la República, seguramente nuestras discusiones
serían de un tenor muy diferente.

Que Anaya sea candidato no supone un impedimento para evitar que rinda
cuentas ante la justicia. Si hay evidencias que acrediten que cometió un
delito, debe ser llevado ante un juez y, con total respeto del debido
proceso, debe ser juzgado. Solamente así se puede determinar una
responsabilidad penal. Nadie es culpable porque lo digan sus rivales
políticos o porque se dediquen a repetirlo en las redes sociales.

Esperemos que pronto, entre todos, construyamos una mejor justicia para
México y aprendamos a respetar los derechos. Se trata de algo básico y
elemental para tener un Estado de derecho digno de su nombre.

Investigador de IIJ-UNAM