La prevención del delito en las instituciones educativas / Jaime Valls Esponda

Fuente: El Universal




Como una indeseable mancha de aceite, el narcomenudeo ha impregnado
parte del campus de la UNAM y, en la república ilusoria de algunos
analistas, las voces de alarma piden que la fuerza pública entre a los
ámbitos universitarios a aprehender a quienes en ellos venden drogas. El
rector, apelando a los valores de la universidad, llamó a actuar con
altura institucional y señaló que este problema debe resolverse,
justamente, con lo que la institución tiene como centro de sus
responsabilidades: el conocimiento. Hace mucho que se ha ido perdiendo
esa perspectiva de análisis para enfrentar los grandes problemas
nacionales. Todo parece ser tema de debate y no de una visión objetiva
de los asuntos que afectan al país.

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior mantiene un firme compromiso con el saber, que representa una
posibilidad efectiva de romper ese binomio incompatible de delincuencia
y universidad. Rechazamos la presencia de esos grupos y exigimos, al
lado del rector y de la comunidad universitaria, que las autoridades
actúen con inteligencia policial; es decir, con una investigación que
lleve al conocimiento de la naturaleza, alcances y funcionamiento de ese
delito a fin de que se le contenga no dentro, sino fuera de los recintos
universitarios.

Este caso emblemático nos conduce a la necesidad de replantearnos
algunos de los asuntos centrales de la inseguridad y poner en su debida
dimensión los componentes de nuestras políticas públicas en la materia.
En breve, la Secretaría de Gobernación y la ANUIES suscribirán un
Convenio para coordinar acciones con acento en la prevención social del
delito.

Nos proponemos subrayar las tareas de inteligencia y conocimiento, de
formación profesional del capital humano y orientar el sentido social de
las acciones para combatir la inseguridad en un equilibrio eficaz entre
la prevención, la persecución del delito y la impartición de justicia.

Las universidades deben ser el eje de esta dimensión de la seguridad:
anticipar e inhibir las conductas delictivas mediante una prevención
eficaz que analice el fondo y proponga soluciones a partir del apoyo de
las comunidades. En el trasfondo está, sobre todo, la necesidad de
reconstruir el tejido social que se está desgarrando con una perspectiva
de inestabilidad y violencia. En buena lógica, esto tendría que
llevarnos a la incorporación de planes y programas en las instituciones
educativas para la prevención del delito no sólo como una tarea
policíaca, sino con sentido social e incluso profesional.

México vive un proceso electoral que empieza a dejar ver los grandes
faltantes de la democracia y, por tanto, las tareas que nos esperan a
todos. La desigualdad es el mayor problema y su persistencia está
generando un enojo social al que hay que responder con visión de Estado:
hay que asegurar el imperio de la ley que afirme la confianza de los
ciudadanos en sus instituciones. La justicia es la piedra angular de la
relación entre la autoridad y la sociedad. Los ciudadanos pueden
soportar el esfuerzo constante, pero no el trato desigual. Necesitamos
elevar la calidad del capital humano que se encarga de operar el sistema
de justicia, que es el rostro inmediato del Estado ante los ciudadanos.
Si ahí se presenta una falla, el daño a la nación es incalculable.

En la ANUIES estamos convencidos de que el convenio con la Secretaría de
Gobernación conducirá a una profesionalización de los servidores
públicos y una mayor conciencia y participación de la sociedad para
consolidar la arquitectura de la democracia y los principios y valores
que la sustentan.

Secretario general ejecutivo de la ANUIES