DOBLE MIRADA / Guillermo Valdés Castellanos / Violencia, ¿hasta cuándo?

Fuente: Milenio




Cuando la violencia ya está normalizada o, quizá más grave, ignorada, la
novedad de este año es el asesinato de políticos. La conjunción de tres
fenómenos: a) una ola de violencia imparable desde 2015, b) el proceso
electoral de mayores dimensiones de la historia del país (3 mil 500
puestos de elección con más de 15 mil candidatos e igual número de
campañas) y, c) el casi total desentendimiento del problema por parte
del gobierno federal y de la mayoría de los estatales han sido los
factores de este nuevo drama, que afecta ya a más de 100 hombres y
mujeres que deseaban obtener un puesto de representación popular o eran
servidores públicos.

Pocos fenómenos sociales tan disruptivos como la violencia. Más si se
trata de una violencia homicida masiva, como la que sufre México desde
hace más de una década, pues las consecuencias son aún más atroces: la
pérdida irreparable de miles de vidas. No es una exageración afirmar que
México, con cerca de 200 mil asesinatos en los últimos 12 años y varias
decenas de miles de desaparecidos es un país en duelo. Y es un duelo
social, colectivo, que no se ha reconocido como tal, con excepción de
los movimientos de víctimas y desaparecidos, pero que afecta a muchas
ciudades

y regiones del país. Atender el justo reclamo de justicia de los
familiares de los asesinados y desaparecidos sería el comienzo de un
largo proceso de reconstrucción de las comunidades y familias afectadas,
para que el odio y la sed de venganza no queden incubadas en gran parte
del territorio nacional.

A esas miles de comunidades y familias que han visto destrozados su
entorno cotidiano y su futuro por la violencia debe añadirse el efecto
disruptivo en las economías locales de la extorsión, que no es otra cosa
que un impuesto ilegal que pagan miles de micro, pequeñas, medianas y
grandes empresas al crimen organizado, un actor que juega un papel
distorsionador de la actividad económica ya que hace las veces de
autoridad (imponer impuestos, regular a los productores, etcétera), de
proveedor de bienes ilegales (gasolinas robadas, por ejemplo), de ladrón
(robo de camiones creciente) y de socio de muchas empresas a las que
obliga a operar como lavadoras de dinero.

Así, el poder disruptivo de la violencia es expansivo: destroza las
vidas de las víctimas, despedaza las de sus familiares y comunidades;
del duelo personal al duelo social; somete a miles de empresas al
dominio del terror y la depredación que significan la extorsión y los
hurtos de todo tipo, además de que hace florecer economías criminales
(trata de personas, de indocumentados, contrabando, narcotráfico,
etcétera) y nulifica al poder regulador del Estado.

Finalmente, le toca a la política y a la democracia. En su ansia
expansiva y de dominación, las organizaciones criminales han sometido y
puesto a su servicio a muchas instituciones estatales: ayuntamientos
enteros, policías municipales, ministerios públicos, jueces, cárceles.
Distorsionar la función de esas instituciones tiene consecuencias
fatales: la tragedia de los estudiantes de Ayotzinapa es la más
conocida, pero no la única ni las más grave. Asesinar candidatos, como
lo analizó en un maravilloso texto Jesús Silva Herzog, nulifica la
democracia. Es el voto de las balas para eliminar contendientes,
aterrorizar al resto y someter el poder político al criminal. Tanto
esfuerzo para hacer real la democracia, para que un puñado de criminales
la elimine tan fácilmente, ante la mirada indiferente de la sociedad y
la omisión imperdonable de las autoridades.

Reducir la violencia debe ser tan prioritario como combatir la
corrupción. El nuevo gobierno no debe cometer el error de creer que
haciendo lo segundo, la primera se reducirá en automático ni tratar de
ocultarla con política social o manejo mediático. Hacerlo le facilitaría
continuar destrozando todo.