Derrota ganada a pulso / Jesús Reyes Heroles G. G.

Fuente: El Universal




El gobierno de Enrique Peña Nieto acabó tan mal como lo hizo debido a la
calidad de su gestión y a que otros actores de la sociedad mexicana no
cumplieron el papel que les corresponde. La contribución de la campaña a
ese resultado merece comentario por separado.

Salvo durante los primeros 18 meses, cuando concretó un paquete de
reformas estructurales, necesarias y largamente pospuestas, el resto de
su administración fue de deterioro ininterrumpido. A pesar de
información abundante acerca del deterioro continuo de la popularidad
del presidente, y de otros indicadores del creciente desencanto y enojo
de la ciudadanía, la administración prácticamente no corrigió su curso
de acción, sus modos de hacer política, y sus cuestionadas “prácticas
administrativas”, como eufemismo de corrupción. La aprobación del
Presidente cayó de manera prácticamente continua, de 45% en abril de
2015 a 16% en junio de 2017 (encuesta GEA–ISA). Además, cada vez más
mexicanos no le “creían nada” a EPN (63%).

Después de 24 meses de una disminución de la inseguridad (homicidios
dolosos disminuyeron 46%), la inseguridad volvió a aumentar, hasta
alcanzar un máximo histórico de 2 mil 890 homicidios en mayo. Estos
“focos amarillos” no le parecieron alarma suficiente a la
administración, que se distinguió por su falta de autocrítica.

Sin embargo, salvo contadas excepciones, otros actores políticos y
sociales no cumplieron su función de señalar y denunciar lo que sucedía.
En la democracia mexicana, basada en un sistema de partidos, éstos no
cumplieron su función de identificar y debatir con suficiente fuerza y
de manera convincente los asuntos, en todos los foros, desde el Congreso
federal, hasta asambleas comunitarias. Hubo pocos sucesos de denuncia
memorables, del tipo de “si no pueden arreglarlo, renuncien”.

Algunos medios de comunicación, entre los que destaca Animal Político,
desplegaron esfuerzos trascendentes de investigación, denuncia, y hasta
confrontación con el gobierno, pero éstos fueron insuficientes para que
las administraciones federal, estatales, y municipales rectificaran su
comportamiento. Las críticas que se oían en las tertulias y los
comederos políticos rara vez afloraban con fuerza suficiente para lograr
que el gobierno, por demás soberbio y a su vez parroquiano, modificara
comportamientos.

Algunas organizaciones de la sociedad civil ventilaron, con éxito
variado, deficiencias de transparencia y corrupción de la
administración. Destacan los liderazgos de Mauricio Merino, Jacqueline
Peschard, Eduardo Bohórquez, y Aidé Pérez Garrido, entre otros.

En retrospectiva, un medio de denuncia efectivo fueron las redes
sociales, pero lamentablemente su impacto estuvo limitado por la
dinámica de sus mensajes, que con frecuencia los tornó efímeros, y por
tanto, inofensivos.

Esa “autocontención” de los otros actores sociales para fungir como
contrapeso de los gobiernos permitió, o incluso contribuyó, al profundo
deterioro de la administración, tal que en noviembre de 2017, 35% de la
población consideraba que los partidos políticos no la representaba, y
que 41% manifestaba su rechazo a la permanencia del PRI en el gobierno.
La amplitud e intensidad de la demanda de “cambio” aumentaron
ininterrumpidamente. La bola de nieve del hartazgo de la ciudadanía no
nació súbitamente, sino que fue adquiriendo masa y velocidad durante
toda la administración, por la concurrencia de una cadena interminable
de errores, corrupción incontenible, y una sociedad cuya denuncia fue
insuficiente.

Ese antecedente es fundamental para el futuro. La sociedad debe exigir
que se cumplan las promesas de campaña (EPN prometió que desaparecería
la Secretaría de la Función Pública, que todavía está ahí con la
complacencia de todos); debe haber tolerancia cero para la corrupción.
Las Casas Blancas detonaron indignación pasajera, mientras que la
corrupción continuaba y se extendía en todos los rincones de la vida
pública y privada; una verdadera fábrica de complacientes y cómplices.

Los resultados de la elección del 1 de julio pasado son una expresión de
condena a la administración de EPN, pero también de un anhelo ciudadano
de que lo sucedido no se repita, un compromiso implícito para un actuar
político responsable y cotidiano.