AMLO vs. Suprema Corte / Mario Melgar Adalid

Fuente: El Universal




Alejandro I, en el apogeo del autoritarismo zarista preguntó:

—¿A quien pertenece la potestad de legislar?

—Sin duda a Vuestra Majestad Imperial.

En tal caso, replicó secamente el zar —reconoced mi derecho a legislar
como yo juzgue más útil para el bien de mis súbditos. (Los Romanov, Simon Sebag Montefiore).

Un amplio sector del país ve con preocupación si habrá algún contrapeso
al gran poder del futuro presidente, o si no admitirá control alguno, ni
siquiera el que manda la Constitución. El asunto lleva al futuro del
Poder Judicial.

Más allá de los comentarios del candidato, hechos al calor de la campaña
en que recriminó a los ministros de la Suprema Corte sus salarios y los
consideró “maiceados y alcahuetes”. Después, en Atlacomulco, preguntó si
sabían algo que hubieran hecho “los de la Suprema Corte en beneficio de
México, ¿se han enterado de algo que hayan resuelto a favor del pueblo?
Nada”, respondió.

En un Estado democrático de Derecho, el Poder Judicial de la Federación
determina la constitucionalidad de los actos de autoridad del presidente
o del Legislativo. Es el valladar que un sistema político establece para
la seguridad ciudadana frente al poder. Sin control constitucional la
República estaría perdida.

La Cámara de Diputados impulsó la Ley Federal de Remuneraciones de los
Servidores Públicos, con lo que reducirá los salarios de servidores
públicos, a fin de que nadie gane más que el presidente. Como es
evidente la inconstitucionalidad respecto a los salarios judiciales, la
diputada María Chávez Pérez (Morena) afiló la guadaña para derogar los
artículos 94 y 116 constitucionales que establecen que los salarios
judiciales no podrán ser disminuidos durante su encargo. Se avecina un
posible conflicto que correspondería resolver a la Suprema Corte.

El Senado revisa otra iniciativa del senador Ricardo Monreal que
establecería una rotación obligatoria, a fin de que los jueces no ocupen
una plaza más de seis años, ni menos de tres. Sin probarlo, la
iniciativa se sustenta en que la falta de rotación causa corrupción y
nepotismo. Señala sin dar su nombre a “un magistrado del circuito
correspondiente a Durango, quien integró a 17 miembros de su familia
entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos en puestos
administrativos como actuarios, secretarios de tribunal y de juzgados,
asesor jurídico y analista especializado”. Supongo que el Senado ha
presentado ya la acusación para que el Consejo de la Judicatura Federal
intervenga.

La propuesta muestra un desconocimiento supino del la complejidad del
aparato judicial federal. Quieren instaurar el juego de las sillas, solo
que sin sillas donde sentarse. Convendría una mesa de diálogo entre el
Legislativo y el Judicial para que le expliquen a los diputados la
tontería legislativa que están a punto de cometer.

Otra propuesta pendiente es instaurar un control de confianza a jueces y
magistrados mediante exámenes patrimonial y de entorno social, médico,
psicométrico y psicológico, poligráfico, toxicológico y demás que
establezcan las normas. ¿Cuántas copas toman a la semana? ¿Fuman
marihuana? ¿Con quiénes juegan dominó? ¿Tienen novias o amantes? ¿Qué
restaurantes frecuentan? ¿Les gusta la langosta, aunque sea en bisque? ¿
Si viajan a Madrid en qué hotel se hospedan ? ¿Son jueces fifis o del
pueblo sabio? McCarthy no lo hubiera hecho mejor cuando perseguía
supuestos comunistas: instaurar legalmente la intromisión a la vida
privada de los jueces vulnera la división de poderes y la independencia
judicial.

El senador Monreal en su iniciativa señaló que “cuando una judicatura no
funciona o funciona mal, el Estado de Derecho en su conjunto deja de
funcionar, al no haber certeza sobre la aplicación de las normas, los
derechos quedan desprotegidos y el poder no encuentra límites”. Tiene
razón. Entre las obligaciones constitucionales que deberá cumplir el
próximo presidente de México está la de “facilitar al Poder Judicial los
auxilios que necesita para el ejercicio expedito de sus funciones”. El
problema es que en lugar de cumplir con esta obligación, con estos
desplantes de poder, todo indica que el gobierno que viene vulnerará la
independencia judicial y la autonomía de los órganos jurisdiccionales.
El drama se podría conocer como AMLO vs. Suprema Corte.

Ex-consejero de la Judicatura Federal