El engaño legislativo de AMLO-Morena / Jesús Zambrano

Fuente: El Universal




Como parte de la supuesta “cuarta transformación” Morena ha anunciado su
agenda legislativa para aprobarla antes de que inicie el nuevo gobierno.
Ese es el mandato que han recibido de López Obrador y quieren hacerlo solos, como si fueran dueños del país.

Varios de los temas enunciados retoman propuestas añejas del PRD, como
la eliminación del fuero y retirar las pensiones a ex presidentes; pero
otras iniciativas anunciadas son francamente retardatarias, encierran
graves peligros para la vida democrática del país o, en el menos peor de
los casos, no esclarecen para qué quieren aprobarlas.

Por ejemplo, plantean modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría
General de la República para crear la Fiscalía General, sin otorgarle
autonomía ni independencia, como tampoco al fiscal Nacional
Anticorrupción ni al titular de la Fepade, tal como hemos propuesto con
centenares de organizaciones de la sociedad civil.

Es que López Obrador quiere “fiscales carnales” designados por él. La
sociedad civil, a la que AMLO descalifica y abomina, fue burlada por él
mismo y por Olga Sánchez Cordero y Tatiana Clouthier, quienes les
ofrecieron que sus propuestas sobre “una fiscalía que sirva” serían
tomadas en cuenta, pero no será así porque no habrá verdadero combate
contra la corrupción y se usará al Ministerio Público para golpear a los
enemigos del gobierno, como lo hizo Peña Nieto. ¡¿Cuál cambio de régimen
y cuál “cuarta transformación”?!

Vestidos con un ropaje seudodemocrático, quieren reformar la Ley de
Consulta Popular e introducir la figura de revocación de mandato para el
Presidente de la República. Suena agradable al “oído popular”.

Pero al tratar de legalizar la farsa de consulta que se hizo sobre el
aeropuerto, abonan el camino para “legitimar” otras decisiones
previamente tomadas por él. Eso sería de suyo una reforma anti
democrática, retardataria y autoritaria.

Y en cuanto a la revocación de mandato, representa un gran riesgo ya
que, en primer lugar, debería aplicarse para los gobernantes que se
elegirán, no para quien ya fue electo. AMLO quiere una ley a modo para
poner a referéndum popular si continúa o no su mandato en 2021, para
aparecer en las boletas electorales y reproducir el fenómeno de las
pasadas elecciones, para seguir controlando las dos cámaras, además de
sentar el precedente de que “la gente”, votando en “consulta popular”,
le pida en 2024 que continúe con su mandato.

Otras iniciativas anunciadas atentan contra el federalismo y el
municipio libre, como legalizar el nombramiento de superdelegados para
las 32 entidades federativas, suplantando el papel de los gobernadores,
así como la designación de 296 operadores territoriales para crear una
estructura de control político desde la Presidencia. Es el regreso al
presidencialismo del viejo PRI, la concentración del poder en un solo
individuo.

¿Y qué decir de las decenas de miles de trabajadores al servicio del
Estado, con amplia experiencia acumulada, que serán despedidos en aras
de la supuesta “austeridad republicana”, al mismo tiempo que se tirarán
al basurero más de 100 mil millones de pesos del erario por la
cancelación del aeropuerto en Texcoco, y cuando el gasto corriente del
gobierno federal crecerá al triple? ¡Vaya austeridad!

Aunado a lo anterior, reformarán la Ley de la Administración Pública
para crear la Secretaría de Seguridad, sin que haya estrategia alguna de
combate a la delincuencia, sino meras ocurrencias como “el perdón y la
amnistía”.

Y qué decir de la barbaridad autoritaria de querer debilitar o
desaparecer a los órganos autónomos y someter al Poder Judicial como en
los viejos tiempos.

Mucho ruido, pero guardan silencio sobre echar atrás los gasolinazos y
bajar el precio de los combustibles.

Estamos ante un evidente engaño, propio del gatopardismo, haciendo
algunos cambios para no cambiar nada en lo esencial.

Ex diputado federal